ALLENTOWN, Pensilvania — El programa automatizado de cámaras en los brazos de señal de alto (stop) de los autobuses escolares de Pensilvania fue presentado como una medida de seguridad para proteger a los estudiantes.
Sin embargo, el programa se ha convertido en una fuente de frustración para muchos conductores y en un punto de debate sobre el debido proceso.
La situación llevó al senador estatal Jarrett Coleman, republicano por los condados de Bucks y Lehigh, a convocar un foro telefónico comunitario el martes 13 de enero a las 6 p. m., con el objetivo de escuchar las preocupaciones del público sobre el programa.
El foro se realiza tras crescientes aumentos en el número de citaciones en algunos distritos, largas demoras en el proceso de apelaciones y disputas sobre la transparencia del sistema.
Coleman, republicano cuyo distrito incluye partes de los condados de Bucks y Lehigh, incluidas zonas de Allentown, dijo que los problemas han alcanzado un nivel en el que es necesaria una acción legislativa.
“Es necesario corregir esto”, dijo Coleman el jueves.
Coleman afirmó que los legisladores deben poder hacer preguntas difíciles sin ser acusados de poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
Dijo que el problema es un sistema que impone multas de manera generalizada, con poca rendición de cuentas y casi sin el debido proceso. “Eso es un problema”, dijo Coleman.
Un programa de seguridad bajo presión
La ley de Pensilvania permite que los distritos escolares contraten a proveedores privados para instalar cámaras en autobuses escolares. Las cámaras registran automáticamente a los conductores que pasan junto a un autobús cuando el brazo de stop está extendido.
Cada infracción conlleva una multa de 300 dólares.
Los videos y las fotografías de las infracciones son revisados por los departamentos de policía locales antes de que las citaciones se envíen por correo a los propietarios de los vehículos. Las apelaciones se manejan de forma administrativa a través del Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), y no en los tribunales.
Los distritos escolares del Valle de Lehigh que cuentan con programas incluyen Allentown, Bethlehem Area, Catasauqua Area, Easton Area, Northampton Area, Northern Lehigh, Northwestern Lehigh, Salisbury y Wilson Area.
Una investigación de LehighValleyNews.com encontró grandes diferencias en la cantidad de citaciones entre los distritos, lo que generó preocupaciones sobre la coherencia y las prácticas de implementación.
Conductores de toda la región también han informado esperas de meses y, en algunos casos, de más de un año para recibir las decisiones sobre sus apelaciones.
PennDOT reconoció que enfrenta un creciente retraso desde que la responsabilidad de las apelaciones pasó de los tribunales de distrito a la agencia. El atraso ha aumentado a medida que más distritos escolares del estado han adoptado el programa.
PennDOT informó que recientemente amplió su personal de audiencias de ocho a 12 oficiales de tiempo completo, además de un supervisor. La agencia también planeaba introducir este mes una opción de audiencias por escrito, según la subdirectora de comunicaciones Jennifer Kuntch.
Bajo el nuevo proceso, los oficiales de audiencias revisarán las pruebas en video y las presentaciones escritas antes de emitir una carta de determinación. El proceso elimina la parte de videoconferencia en vivo de la audiencia, dijo Kuntch.
Coleman dijo que las largas demoras para obtener una audiencia violan principios básicos del debido proceso.
“Esperar meses, o esperar un año, para una decisión sobre una citación de tránsito es inaceptable”, dijo.
El informe anual más reciente del Programa Automatizado de Control en Autobuses Escolares, publicado la semana pasada, indicó que los automovilistas impugnaron el 11.6 % de todas las infracciones, es decir, 8,849 multas en 2024. De los casos que llegaron a una audiencia, más del 42 % fueron anulados por los oficiales de audiencias de PennDOT.
Las multas totales del año alcanzaron los 23.2 millones de dólares. Al momento de recopilar los datos, se habían recaudado 13.7 millones de dólares.
Más de 90,000 dólares fueron reembolsados a PennDOT por costos de audiencias. Un total de 1.6 millones de dólares fue devuelto a 52 entidades escolares en todo el estado. Otros 9.5 millones de dólares fueron destinados a los administradores del sistema, con 50 de los 52 distritos utilizando al mismo proveedor, BusPatrol LLC.
Retrasos en apelaciones y una solución estancada
Las preocupaciones sobre el proceso de apelaciones llevaron a la senadora Lisa Boscola, demócrata por los condados de Lehigh y Northampton, a presentar el año pasado un proyecto de ley destinado a reparar lo que ella describió como un sistema defectuoso. Su propuesta impondría un plazo de 30 días a PennDOT para programar audiencias de apelación y establecería un sistema escalonado de multas.
Boscola dijo que, sin reformas, la ley perjudica tanto a los conductores como a los distritos escolares. Los distritos deben asumir los costos administrativos relacionados con citaciones impugnadas y reembolsar a PennDOT los gastos de las audiencias.
“Esta tarifa por audiencia fue revisada y ajustada por PennDOT, en función del tiempo necesario para preparar, llevar a cabo y emitir una decisión en las audiencias informales. Inicialmente se asumió una tarifa fija por audiencia, que se fue ajustando a lo largo del año”, señala el informe anual.
El monto exacto de la tarifa no fue divulgado.
El proyecto de ley de Boscola fue remitido al comité y no avanzó. Coleman dijo que los problemas señalados en la propuesta se han agravado a medida que la aplicación automatizada se ha expandido.
“Si se les da a las personas el derecho a apelar, el sistema tiene que poder atender esas apelaciones”, dijo Coleman.
Disputas de transparencia y supervisión de proveedores
Más allá de las apelaciones, el programa de cámaras en autobuses escolares ha enfrentado disputas sobre el acceso a los registros públicos.
El año pasado, LehighValleyNews.com informó sobre múltiples casos de solicitudes de derecho a saber relacionados con el contrato de Allentown con BusPatrol.
Agencias estatales ordenaron la divulgación del contrato y de los registros financieros relacionados, rechazando los argumentos de que los documentos estaban exentos de divulgación. BusPatrol apeló las decisiones y luego retiró las apelaciones, lo que permitió que los registros se hicieran públicos.
Coleman dijo que el sistema de cámaras en autobuses escolares difiere de otros programas de control automatizado, como las cámaras de semáforo en rojo y las cámaras de velocidad en zonas de trabajo. En esos programas, la autoridad de aplicación, los requisitos de informes y las funciones de los proveedores están más claramente definidos.
Participe en el cabildo
Coleman señaló que el próximo foro telefónico comunitario, en el que también se abordará la nueva ley sobre notificación de incidentes con armas en las escuelas, tiene como objetivo ofrecer a las personas una oportunidad directa para describir sus experiencias con el programa automatizado de control en autobuses escolares, mientras los legisladores evalúan los próximos pasos.
“Quiero escuchar directamente a los electores”, dijo Coleman. “Sus experiencias deben orientar los cambios, si los hay, y cómo se hagan”.
Coleman indicó que alrededor de 80,000 residentes dentro de los límites de su distrito recibirán una llamada automática basada en una lista telefónica dirigida. Otras personas pueden participar llamando al 877-229-8493 e ingresando el código de acceso 122165.
Las personas también pueden registrarse en este sitio web.
Quienes se registren en línea recibirán una llamada a la hora del evento. Los participantes deben permanecer en la línea para ser conectados automáticamente.
El evento también estará disponible como transmisión de audio en vivo en teléfonos inteligentes y computadoras.
