ALLENTOWN, Pensilvania — Casi cinco meses después de que un comisionado del condado de Lehigh fuera arrestado en relación con una investigación interestatal de drogas, el público todavía desconoce qué pruebas utilizan las autoridades para sustentar los cargos.
El juez del condado James T. Anthony escuchó el viernes argumentos a favor y en contra de la divulgación de dos páginas de un dictamen sellado del gran jurado que aborda las acusaciones contra el comisionado Zach Cole-Borghi, de Bethlehem.
Una abogada especializada en derecho de medios de comunicación, que representa a organizaciones periodísticas de Lehigh Valley, y el abogado defensor de Cole-Borghi argumentaron que la divulgación de la información está amparada por las protecciones de la Primera Enmienda sobre la libertad de prensa y de expresión. La solicitud busca dar a conocer las acusaciones contra al menos 22 acusados en la presunta red de narcotráfico interestatal, aunque la audiencia del viernes se centró específicamente en el caso de Cole-Borghi.
La Oficina del Fiscal del Condado de Lehigh, encabezada por el fiscal del condado Gavin Holihan, sostiene que el dictamen debe permanecer sellada para proteger a los informantes confidenciales involucrados en la investigación.
Según la fiscalía, un informante confidencial ha sido agredido y varias personas han sido amenazadas en relación con el caso.
Anthony señaló que, aunque ningún informante ha sido identificado públicamente, “alguien puede atar cabos”.
Dos de los 41 acusados en la investigación aún no han sido detenidos.
Anthony dio a los abogados plazo hasta el 30 de enero para presentar jurisprudencia que respalde su postura.
“Me alegra que el juez nos haya dado la oportunidad de presentar nuestros argumentos y presionar por la transparencia pública, porque ha habido muy poca disponibilidad de información aquí”Paula Knudsen Burke, abogada del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa
La oficina de Holihan presentó cargos contra Cole-Borghi y otras 40 personas tras una investigación de gran jurado de tres años sobre una presunta red de tráfico de marihuana. El comisionado del condado está acusado de posesión de marihuana con intención de distribución, según han informado las autoridades. Holihan, en una conferencia de prensa el pasado agosto al anunciar la investigación, señaló que las acusaciones contra Cole-Borghi se refieren a una libra de marihuana.
En el momento de su arresto, Cole-Borghi trabajaba en la Oficina de la Consultoría Jurídica de Bethlehem. Ya no era empleado el día en que las autoridades anunciaron su arresto, el 29 de agosto. El demócrata fue elegido comisionado del condado por el Distrito 3 en noviembre de 2021 y retuvo su cargo en las elecciones de noviembre pasado. Se encuentra en libertad bajo fianza.
Grupo de libertad de prensa involucrado
El juez del condado de Lehigh, Thomas Caffrey, ordenó el jueves que se proceda con las audiencias preliminares en los casos de Cole-Borghi y otros nueve acusados. Estas fueron aplazadas para una fecha por determinar durante los procedimientos del viernes en el tribunal del condado en Allentown.
Las audiencias preliminares habrían sido la primera oportunidad para que el público escuchara detalles sobre las acusaciones. A los acusados y a sus abogados se les entregó el dictamen del gran jurado con la orden estricta de no compartirlo.
El fiscal adjunto jefe, Craig Scheetz, le comunicó al juez de distrito presidente, Kyle Miller, que presentar las pruebas requeridas podría tomar entre una y tres semanas. Señaló que, por ejemplo, al gran jurado de instrucción se le presentaron 2,691 elementos probatorios en 130 exhibiciones a lo largo de sus tres años de funciones.
De los 41 acusados, 27 aceptaron renunciar a sus audiencias preliminares, pero Cole-Borghi y otros nueve acusados insistieron en realizarlas, argumentando que sus derechos al debido proceso han sido vulnerados por los retrasos en el caso.
Mientras que Cole-Borghi y otros dos acusados se encuentran en libertad bajo fianza, el resto ha permanecido tras las rejas desde sus arrestos a finales de agosto.
Tras una confusión inicial en la sala, el juez Miller, reconociendo la dificultad de la agenda, otorgó un aplazamiento para garantizar que haya tiempo suficiente para que todas las pruebas sean escuchadas.
"Para los fines del día de hoy, esto tendrá que ser aplazado", declaró el juez.
Los abogados de los acusados estuvieron de acuerdo y presionaron para que se fije la fecha más próxima posible.
Los medios de comunicación lehighvalleylive.com, LehighValleyNews.com y The Morning Call intentan que se desclasifiquen las acusaciones. En una audiencia el viernes ante el juez Anthony, independiente de las audiencias preliminares postergadas, los grupos de medios estuvieron representados por Paula Knudsen Burke, abogada del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP).
“Me alegra que el juez nos haya dado la oportunidad de presentar nuestros argumentos y presionar por la transparencia pública, porque ha habido muy poca disponibilidad de información aquí”, dijo Knudsen Burke a los periodistas fuera de la sala tras concluir la audiencia.
Cada acusado que ya está bajo custodia ha visto el dictamen del gran jurado, indicaron las autoridades, pero tanto ellos como sus abogados tienen prohibido por orden judicial discutir las acusaciones públicamente.
El abogado de Cole-Borghi, Gary Asteak, con sede en Easton, argumentó que esto significa que un funcionario electo es incapaz de defenderse ante sus electores.
Asteak afirmó que un “manto de secretismo” se cierne sobre el caso desde el verano pasado.
“Esto es cafquiano”, dijo Asteak en la corte, refiriéndose a las representaciones de burocracia opresiva en la ficción del autor Franz Kafka. “Él no ha podido responder”.
El fiscal adjunto jefe Craig Scheetz y el asistente Joseph Holaska, en representación de la fiscalía de distrito, sostienen que proteger al informante o informantes confidenciales de la investigación tiene prioridad.
Knudsen Burke señaló que la información que sirva para identificarlos puede ser redactada (censurada del texto).
Asteak argumentó que las dos páginas del dictamen del gran jurado pertenecientes a Cole-Borghi no contienen información que pueda identificar a quienes cooperan con los investigadores.
“Hay varios niveles de problemas relacionados con la Primera Enmienda aquí”, comentó Knudsen Burke. “Y no se trata de decir que no pueda haber momentos en los que se oculte información al público, pero debe haber una explicación de por qué se está excluyendo a la ciudadanía, y debe ser una razón muy significativa”.
El juez Anthony no indicó un plazo para emitir su fallo, más allá de la ventana de dos semanas para presentar los argumentos legales.
Los reporteros de The Morning Call, Dan Sheehan y Christopher Dornblaser, contribuyeron a este informe.