ALLENTOWN, Pa. — Se avecina una batalla legal por la divulgación parcial de registros de una investigación prolongada y costosa relacionada con denuncias de racismo y discriminación dentro del gobierno municipal de Allentown.
Los abogados de Allentown están solicitando a un tribunal de apelaciones que revoque un fallo que obligaría a los funcionarios municipales a entregar registros de una de las dos investigaciones realizadas en nombre del Concejo Municipal.
Hace dieciocho meses, el Consejo Municipal contrató a la empresa FLEO Investigations, dirigida por el exagente del FBI Scott Curtis, para encabezar una investigación que los concejales autorizaron en octubre de 2023.
El Concejo Municipal detuvo el trabajo de Curtis en enero y contrató al bufete de abogados Duane Morris LLC, con sede en Filadelfia, para completar la investigación.
En septiembre, los abogados de Duane Morris señalaron que no hallaron un problema generalizado de conducta discriminatoria en el gobierno de Allentown, pero ofrecieron pocos detalles sobre sus conclusiones.
La subdirectora de la Secretaría Municipal, Tawanna Whitehead, demandó a la ciudad el año pasado, alegando que los funcionarios municipales “hicieron vergonzosamente poco” para intervenir mientras la concejala Candida Affa creaba un ambiente laboral “racialmente hostil”.
“No existe manera de ‘volver a meter el conejo en el sombrero’ en lo que respecta a los documentos de la investigación de Scott Curtis/FLEO"Abogados de Allentown
El abogado de Whitehead, Marc Weinstein, exigió mediante orden judicial el mes pasado la entrega de registros de ambas investigaciones —incluidos correos electrónicos, notas, grabaciones, facturas e informes— durante la fase de descubrimiento de su demanda.
Él sostiene que estos documentos podrían demostrar lo que Whitehead enfrentó en su trabajo.
'Particularmente perturbador': abogados de la ciudad
La semana pasada, la jueza federal Gail Weilheimer ordenó a Allentown entregar los registros producidos por el equipo de Curtis, mientras permitió que los documentos generados durante la investigación de Duane Morris LLC permanecieran confidenciales bajo el privilegio abogado-cliente.
Los abogados de la ciudad sostienen que el trabajo de Curtis debería considerarse confidencial porque los miembros del Concejo Municipal gozan de inmunidad legislativa.
El martes, los abogados municipales también solicitaron una suspensión de la orden de la jueza Weilheimer. Si la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos concede esa suspensión, la ciudad no estará obligada a entregar ningún registro hasta que se resuelva la apelación.
“Investigaciones de este tipo pueden ser particularmente perturbadoras para el funcionamiento eficaz del gobierno"Abogados de Allentown
Obligar a los funcionarios a cumplir con la orden de Weilheimer mientras está en apelación causaría a la ciudad “un daño irreparable que no puede revertirse”, argumentaron los abogados en documentos judiciales recién presentados.
“No existe manera de ‘volver a meter el conejo en el sombrero’ en lo que respecta a los documentos de la investigación de Scott Curtis/FLEO”, escribieron.
Los abogados municipales afirman en su presentación que Allentown no divulgará los registros del informe de Curtis a menos que un tribunal lo ordene.
“Investigaciones de este tipo pueden ser particularmente perturbadoras para el funcionamiento eficaz del gobierno”, escribieron en su moción de suspensión.
Los abogados de la ciudad también argumentan que “es de interés público” mantener en reserva los registros de la investigación de Curtis.
Se prevé que los contribuyentes de Allentown paguen más de 500.000 dólares en honorarios legales relacionados con la investigación.
Curtis acumuló 68.000 dólares en honorarios legales por su trabajo durante la segunda mitad de 2024, y el Concejo Municipal autorizó un pago de más de 375.000 dólares para cubrir cinco meses de trabajo de los investigadores de Duane Morris.
El Concejo Municipal y la oficina del alcalde Matt Tuerk también gastaron más de 110.000 dólares en conjunto en una demanda entre ambas partes que nunca fue argumentada en audiencia pública.
Y ahora la ciudad también está pagando a sus abogados para oponerse a las citaciones de Whitehead.